Autor: Manuel Marfán
Fuente: La Tercera

Este lunes la 3ª Sala de la Corte Suprema (CS) resolvió que tenía la potestad de revisar las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) cuando se trata de derechos fundamentales. El TC retrucó que sus fallos son inapelables. Ayer la 3ª Sala reiteró la supremacía de la CS.

Se trata de un conflicto grave, y que se veía venir. Desde esta tribuna (LT, 15 de febrero) señalamos que el TC, por sí y ante sí, estaba corriendo el cerco de sus atribuciones de manera temeraria. También (LT, 1 de marzo) que los supremazos de la 3ª Sala ya eran un hábito y, más que fallos judiciales, constituían piezas legislativas que invadían las atribuciones de la Política (así, con mayúscula).

No se trata de un tema “solo para abogados”. Lo que está en cuestión nos afecta a todos, porque es un reflejo más del deterioro que poco a poco han sufrido nuestras instituciones. Y el efecto acumulado ya no es trivial. Hace 15 años el Presidente Lagos señalaba, con ese tono republicano tan suyo, “…en Chile las instituciones funcionan”. Y nosotros estábamos orgullosamente de acuerdo con aquello. ¿Podríamos hoy decir lo mismo? Ni el propio Lagos lo haría. De hecho, hace tres años nos advirtió que estamos frente a la peor crisis de la política y las instituciones en la historia de Chile (aparte del Golpe). En breve, “…en Chile las instituciones funcionan reguleque”.

Volviendo al tema inicial, tanto el TC como la 3ª Sala de la CS están errados. ¿Cuál es la ley que le permite al TC inmiscuirse en causas judiciales? El TC es una instancia revisora de la constitucionalidad de los proyectos de ley, los decretos, los reglamentos y otros afines, pero no de intervenir en causas judiciales. La 3ª Sala, en tanto, abusa del hecho que, para el ejercicio de sus competencias, la CS se divide en salas y cada una de ellas representa a toda la Corte. O sea, ¿en este conflicto la 3ª Sala representa a toda la CS? Me parece una insensatez. Tanto el TC como la 3ª Sala están incursionando en un abuso cuando exceden sus atribuciones. Ni el TC debiera intervenir en causas judiciales, ni la 3ª Sala arrogarse la representación de toda la CS con sus supremazos reiterados. Los supremazos debieran existir, pero como una excepción y no como un comportamiento habitual.

¿Será que el activismo judicial es la solución cuando el Congreso no discute ni despacha diligentemente las leyes más relevantes? ¿Un mal menor? En democracia “el país que queremos” se construye desde la política y no desde instituciones judiciales que solo se rinden cuenta a sí mismas. No es un mal menor cuando el activismo judicial sobrepasa las atribuciones de la Política. No es un mal menor eludir la democracia.

El mal mayor está en la crisis de la política. Donde las encuestas están por sobre la deliberación política; donde lo táctico está por sobre lo estratégico. Eso es frivolidad pura y simple. Para revertir el deterioro de las instituciones hay que partir por revertir el deterioro de la política. Y ése no es un problema de derechas, centros e izquierdas, sino de todos.