A lo largo del ciclo de vida los hogares están expuestos a una diversidad de riesgos que amenazan su capacidad de generar ingresos suficientes para mantener una vida digna. El desempleo, la invalidez, la enfermedad, la muerte de un cónyuge y la pérdida de su aporte económico al sustento familiar y la posibilidad de agotar en vida los activos acumulados para financiar la vejez son algunos de los principales riesgos. Algunos países cubren estos riesgos a través de sus programas de protección social. Sin embargo, la cobertura suele estar limitada a los trabajadores en empleos formales, por lo que muchos deben depender de sus propios ahorros y de transferencias intrafamiliares. Ante casos extremos, como la invalidez y discapacidad, estos mecanismos individuales constituyen fuentes insuficientes de protección.

Este estudio analiza las diversas instituciones que existen en el mundo para proteger a los trabajadores y sus familias ante el riesgo del desempleo y la longevidad. Ante el desempleo, algunos países ofrecen programas de empleo público, mientras que otros otorgan beneficios a los desempleados que son financiados con impuestos generales o con la acumulación de ahorros en cuentas de capitalización individual. Asimismo, ante el riesgo de longevidad, algunos países entregan beneficios financiados a través de un sistema de reparto, mientras que otros usan cuentas nocionales o ahorros personales obligatorios.

La elección de un mecanismo u otro tiene mucho que ver con la capacidad institucional que los países poseen para monitorear el comportamiento de los beneficiarios, la importancia relativa de la economía informal, el nivel de desarrollo del mercado de capitales y la capacidad política para realizar ajustes paramétricos a sus sistemas, muchas veces impopulares pero necesarios para su viabilidad financiera de largo plazo. La elección de instrumentos de protección y seguros no es neutral, sin embargo. En el trabajo discutimos los efectos sobre las finanzas públicas y sobre el funcionamiento de la economía en general, y del mercado laboral en particular, que conllevan las instituciones existentes en el mundo. Al evaluar, también consideramos la capacidad de los programas de protección social para suavizar el consumo, su impacto sobre la distribución del ingreso, las implicancias de su forma de financiamiento y su interacción con la economía política de los gobiernos. También discutimos sus ventajas y desventajas relativas de acuerdo a características particulares de las economías, como el tamaño del sector informal, la institucionalidad y capacidad administrativa, y la frecuencia y el tipo de shocks, entre otros.