Hace ya varias décadas atrás se originó un golpe de timón en América Latina. La mayoría de los países latinoamericanos fueron capaces de transitar desde las dictaduras que predominaban en la región, hacia los gobiernos democráticos. Pero no solo eso, sino que se le sumó una nueva forma de hacer política económica, donde prevaleció la apertura comercial a los mercados internacionales. Esto fue, sin lugar a dudas, un nuevo punto de partida para las economías latinoamericanas.
Los resultados de este esquema fueron en general positivos. Las altas tasas de crecimiento económico logradas en ese período permitieron reducir la pobreza en la región y generar mejoras –aunque no suficientes- en la distribución de ingresos. Como consecuencia de esto, se generaron expectativas positivas respecto de la viabilidad de un proceso que permitiría acercarse cada vez más a los niveles de vida de los países desarrollados.
Sin embargo, luego de un período de alto crecimiento económico latinoamericano comprendido entre 2003 y 2013, que fue potenciado por el boom en el precio de los commodities, la mayoría de las economías de la región comenzaron un proceso de desaceleramiento, especialmente en las más grandes como México, Brasil y Argentina. Algunos países también vivieron diversos episodios de inestabilidad e incertidumbre política gatillados, en parte, por el descontento social ante los aún altos niveles de desigualdad social y falta de transparencia institucional. Lo anterior, ha desencadenado una profunda crisis de representatividad en algunos países de la región. También se ha visto afectado negativamente el gasto social, ante recortes presupuestarios debido al menor crecimiento económico y, en consecuencia, menor recaudación tributaria por parte de los gobiernos. Y, finalmente, la región se ha visto seriamente afectada ante las consecuencias derivadas de la pandemia por el virus Covid-19, la cual se estima que sea la mayor contracción económica desde la Gran Depresión (Cepal, 2020).
En respuesta a lo anterior, la estrategia de los gobiernos ha estado centrada en el corto plazo – y con razón- ante la imperante necesidad de salvar vidas y evitar a toda costa la mayor propagación de la pandemia. Sin embargo, esta visión cortoplacista puede ser negativa si no es planificada dentro de una estrategia de desarrollo de largo plazo para la región. Por tanto, en la actualidad, los países de América Latina enfrentan un importante desafío que es cómo lograr una transición exitosa desde la superación de la crisis del coronavirus a un nuevo punto de partida. En el que se instale en el centro de la discusión, una estrategia de desarrollo de largo plazo, que nos lleve a un mayor crecimiento económico estable y sostenible, que esté basado en mayor competitividad, incrementos sostenidos de productividad y en innovación.
En un nuevo documento publicado en Cieplan llamado “¿Cuáles son los desafíos para América Latina post Covid-19?: un análisis de políticas de largo plazo”, planteamos que este contexto es una oportunidad, además, para que los países de América Latina puedan salir de esta crisis con Estados más sólidos y modernos, con mayores grados de transparencia, y con un enfoque más estratégico cuando se trata de proveer los servicios sociales a la población, especialmente a los más vulnerables.
Los cambios que se vivirán en los próximos años serán en muchos sentidos permanentes, pero se espera que sus efectos negativos sean transitorios. Para esto, es importante que los países actúen con unidad y fuertes liderazgos, aumentando la comunicación entre las autoridades y las distintas partes de la sociedad. El objetivo es que las buenas ideas, políticas e instituciones, puedan sobrevivir la crisis y sean un nuevo punto de partida para el desarrollo de la región.
Tal como ocurrió hace varias décadas con el golpe de timón en la política latinoamericana, en este nuevo punto de partida posterior a la crisis, América Latina deberá priorizar el construir una sociedad más igualitaria, más innovadora y creativa, y con mayor cooperación entre países de la región.
