Según diversos actores, incluido un informe de CIEPLAN, el avance que significa el término de la entrega de 10% de las ventas al extranjero de Codelco se ve empañado por algunos amarres con los que no cuentan el resto de los sectores, como un presupuesto plurianual o pisos de gastos, afirma El Mostrador en el siguiente reportaje.

En septiembre de 2009, la entonces mandataria Michelle Bachelet envió al Parlamento un proyecto de ley para derogar la Ley Reservada del Cobre, que hasta hoy entrega a las Fuerzas Armadas el 10% de las ventas al extranjero y subproductos de Codelco a las Fuerzas Armadas.

Pero su discusión fue aplazada, principalmente, porque se optó por acentuar el esfuerzo legislativo en impulsar la ley de modernización del ministerio de Defensa y, como recuerda el diputado Jorge Burgos, no estaban los votos necesarios.

En definitiva, fue el gobierno de Sebastián Piñera el que mandó un proyecto nuevo, el cual fue trabajado por el ex ministro de Defensa Jaime Ravinet y luego por su sucesor, Andrés Allamand. Fue éste junto a un equipo asesor encabezado por el ex subdirector del CEP y actual ministro de Educación, Harald Beyer, quienes afinaron la propuesta. El 10 de enero pasado ésta fue despachada desde la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, siendo el proyecto objeto de diversas críticas.

“Este proyecto reemplaza unos privilegios por otros, cuando lo que uno quisiera es que no hubiera ningún privilegio”, afirma Jorge Rodríguez, investigador de CIEPLAN.

Según un informe desarrollado por Cieplan, si bien el proyecto constituye un “avance” al derogar la Ley Reservada del Cobre “mantiene al sector Defensa con importantes privilegios presupuestarios respecto del resto de los sectores, los que no son justificables desde el punto de vista de la eficiencia en el uso de los recursos públicos”.

Entre estos privilegios, detalla el informe, se cuentan un presupuesto plurianual, pisos de gasto, un fondo de contingencia sectorial y el derecho a incorporar al presupuesto del año siguiente los saldos de caja para la adquisición de material bélico que no hayan sido devengados al 31 de diciembre. 

Y si bien estos elementos “pueden tener méritos como instrumentos de gestión presupuestara, no se justifica que se apliquen sólo al sector Defensa”.

En opinión del investigador del centro de estudios, Jorge Rodríguez, este proyecto de ley “reemplaza unos privilegios por otros, cuando lo que uno quisiera es que no hubiera ningún privilegio”. El economista recalca que ello no tiene justificación ante la ciudadanía, ya que no se explica por qué no se hace lo mismo en sectores emblemáticos como Educación o Salud. “El país para crecer necesita equilibrio en todos sus presupuestos. Incluso podría discutirse si es bueno instaurar presupuestos plurianuales, pero si es así es bueno para todos”.

Esto es compartido por el ex asesor del ministerio de Defensa y actual coordinador del taller de Defensa del Instituto Igualdad, José Díaz, quien destaca el avance de derogar esta ley, aunque reconoce varias falencias. Entre ellas, justamente la plurianualidad, que considera “interesante”, pero “es raro que se empiece por Defensa” y no por otros ministerios más sensibles.

En Cieplan destacan como aspectos positivos de la propuesta, entre otros, el desligar las decisiones de inversión en el sector Defensa de la disponibilidad cíclica de recursos del cobre, el ingresar al presupuesto los ingresos fiscales provenientes de Codelco que hoy se consideran como extrapresupuestarios y considerar una instancia periódica de discusión parlamentaria sobre presupuesto de las FF.AA. Sin embargo, concluyen que también introduce inflexibilidades que impedirían ajustar a la baja el presupuesto de Defensa, lo que no deja claro “cómo ello se compatibiliza con la política fiscal de balance estructural”, ya que en principio se entendería que ante la eventual necesidad de ajustar el gasto público, se debería ajustar el presupuesto de otros ministerios distintos a Defensa, lo que no parece justificado.

“El país para crecer necesita equilibrio en todos sus presupuestos. Incluso podría discutirse si es bueno instaurar presupuestos plurianuales, pero si es así es bueno para todos” (Jorge Rodríguez).

Entre otros problemas, Díaz destaca el establecimiento de un piso mínimo de gasto anual, que no podrá ser inferior al 70% del monto promedio de la inversión en material bélico financiado por la Ley Reservada del Cobre entre 2001 y 2010. Ésto, asegura, “ya es una anomalía”. 

Además, señala que este piso “es extraordinariamente alto, ya que se formuló en función de los últimos años excepcionalmente buenos para el rendimiento de la ley del cobre. Es un monto importante: hay cálculos que hablan sobre 500 millones de dólares anuales e incluso hay algunos que plantean que podría llegar a 700 millones de dólares.

Son cifras verdaderamente importantes pensando que son para adquisición de sistemas de armas nuevos, tomando en cuenta que la gran mayoría de las compras importantes ya se realizaron en administraciones anteriores”.

Por otro lado, Díaz rechaza el establecimiento de un fondo de oportunidad “que permitirá que en alguna ocasión se pudiese adelantar alguna compra. Es excesivo, porque si requirieses esto alguna vez implicaría que hubo mala planificación. Además no tiene mucho que ver con una crisis porque una adquisición plena de sistema de armas es cosa de varios años”.

Filosofía de la Desconfianza

El ex subsecretario de Aviación, Raúl Vergara, explica que “toda la filosofía tras la ley está basada en la desconfianza de que el Congreso en algún momento pueda disminuir o alterar flujos normales de presupuesto a Defensa. Por eso tiene amarre”.

En todo caso, aclara que esta mirada estuvo siempre incluida en la propuesta de la era Bachelet.

“El presupuesto de la ley que trabajamos anteriormente también tenía esa debilidad, que apunta a dar garantías contra posibles usos políticos para que hubiese un flujo indispensable para el desarrollo de las Fuerzas Armadas”. La diferencia, aclara, “es que no trabajamos tanto los pisos presupuestarios que se le están dando ahora”.

Para Vergara el “quid del asunto está en la desconfianza en que la clase política perjudique a Defensa, por lo que vienen los amarres. Y lamentablemente este sector es como un portavoz de las inquietudes militares en última instancia cuando debiera ser la autoridad política la que decidiera lo que se hace”.

El miembro de la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, Jorge Burgos, considera que el proyecto “tiene la virtud de derogar la Ley secreta del cobre y es una buena noticia para Chile, pero requiere la búsqueda de acuerdos transversales. Lo que el gobierno mandó modifica la Ley Orgánica de las FF.AA. y al hacerlo requiere de alto quórum, no le alcanza sólo con los votos de la Alianza ni los independientes”. Por ello, concluye, “Allamand tiene que buscar una negociación previa a la Sala, a pesar de lo cual habrá varios aspectos que perderá”.

José Díaz respalda la necesidad de llegar a consensos amplios, ya que explica que el proyecto terminó siendo “muy favorable a los intereses corporativos de los militares”, lo que a la larga implica que “las instituciones se hacen un flaco favor si hacen una legislación tan favorable a sus intereses, porque éstas se van revisando en el tiempo y al cambiar el escenario probablemente sean modificadas. Entonces, lo que puede ser una ganancia ahora, en otro momento puede ser muy negativo”.

Fuente: El Mostrador