Autor: Alejandro Foxley
Fuente: Revista Qué Pasa

Lo que hay es un pronóstico de una economía mundial debilitada por una marcada desaceleración de la economía china, un riesgo de recesión en Japón y en la Unión Europea, y un bajo crecimiento de América Latina, de apenas un 1.2% en 2014 y alrededor de 2.2 en 2015. De hecho, el “nuevo normal” para las economías latinoamericanas no superará el 3% a mediano plazo.

¿Será, entonces, América Latina un ejemplo de “la nueva mediocridad”? ¿Correrá ese riesgo también la economía chilena, como lo insinúan publicaciones del Financial Times y del Wall Street Journal?

Esa última afirmación parece bastante aventurada y cuestionable al cotejarla con lo que ha sido la trayectoria de alto crecimiento de la economía chilena, sostenido por 25 años, en un marco de plena democracia y de una sociedad abierta y diversa, con un sistema político altamente competitivo.

Las cifras publicadas recientemente por el FMI hablan por sí mismas. La economía chilena ha crecido durante los 25 años de democracia post-Pinochet, a tasas superiores al 5% anual en promedio, reduciendo la deuda pública bruta de 45% del PIB en 1990 a 12% en 2013. Ello se ha logrado con disciplina fiscal, generando superávits fiscales de alrededor de 2% al año por más de dos décadas, reduciendo la inflación de 30% a 3%, y la pobreza de un 40% en 1990 a 15% en 2012.

De hecho, el FMI proyecta un ingreso per cápita para la economía chilena de 23000 dólares en 2014, lo que quintuplica la cifra de 4400 dólares para 1990. Este ingreso per cápita ya es muy similar al de Grecia y Portugal. Es por ello que se puede afirmar que la economía chilena se encuentra ya instalada como una economía de ingreso medio-alto, con una buena probabilidad de pasar el umbral hacia una economía avanzada en el próximo quinquenio.

¿Qué factores explican los buenos resultados sostenidos sistemáticamente durante 25 años? Hay tres opciones estratégicas que se tomaron y fueron gravitantes en los resultados antes descritos.

La primera fue la de abrir la economía, estando dispuestos a competir en los mercados internacionales no sólo con las economías “afines”, sino también con las más avanzadas. 

La segunda ha sido la de optar por políticas económicas en lo que ya en 1990 se había definido como la de una estrategia económica de “crecimiento con equidad”. 

La tercera opción fue y ha sido la de fortalecer las instituciones y particularmente, lograr a través de ellas la estabilidad como un objetivo nacional prioritario, complementado con un esfuerzo constante para aumentar la credibilidad y confianza en las instituciones políticas y en aquellas del ámbito económico.

La estabilidad se ha consolidado a partir de tres componentes básicos: el primero ha sido el de establecer reglas estables, respetadas por todos los sectores más allá del legítimo juego de las mayorías y minorías propio de una democracia. Esas reglas se han referido principalmente al manejo macroeconómico: mantener un superávit estructural en las cuentas fiscales; metas de inflación como señal de estabilidad para quienes van a invertir en el futuro; y, un movimiento constante hacia una mayor equidad, a través de reformas sociales graduales pero constantes.

El segundo componente para asegurar la continuidad en el objetivo de estabilidad, ha sido el de instalar instituciones independientes que contribuyan con autonomía al logro de ese objetivo. En el plano económico, se trata de la autonomía e independencia del Banco Central, y de organismos reguladores de los mercados. En el plano político, se ha tratado de garantizar la independencia de los tribunales (Constitucionales, Electorales, Corte Suprema y otros) así como de los medios de comunicación.

En la experiencia chilena en democracia, ha jugado un objetivo fundamental y explícito de la política pública, el de generar confianzas más allá de las diferencias políticas. La llamada “política de los acuerdos” ha permitido ir fraguando un consenso transversal en las reglas de manejo de la economía.

Generar confianzas supone, también, invertir en credibilidad por parte de la autoridad económica. Esta se acrecienta en la medida que se rehúye toda forma de populismo y se manifiesta dispuesta a asumir el costo de decisiones necesarias pero impopulares para asegurar el crecimiento y estabilidad en el largo plazo.

Desafíos a futuro

Un buen número de países latinoamericanos han sufrido transformaciones profundas como consecuencia de gobiernos democráticos y adecuada gestión económica.

El mayor riesgo a futuro es terminar siendo víctimas del propio éxito, como consecuencia de no enfrentar a tiempo los nuevos problemas, como es el caso del surgimiento de una nueva clase media con altas expectativas y aspiraciones difíciles de satisfacer para cualquier gobierno.

También aparece el riesgo de que se acentúen las diferencias entre esta clase media y los más pobres. La principal causa radica en el acceso desigual a los buenos empleos. 

Para la clase media emergente en América Latina aparecen, además, dos factores potencialmente desestabilizadores: volver a caer en la pobreza debido a shocks de ingreso por desempleo o discapacidad, o por problemas graves de salud o al momento de jubilar. 

Por otra parte, la nueva clase media demanda incansablemente servicios públicos de calidad, a los que tiene acceso restringido por su limitada capacidad de pagar, si se trata de educación, salud o previsión gestionada por privados; o por escasa calidad de aquellos provistos a través de los organismos públicos tradicionales.

Los desafíos para economías medias avanzadas no se agotan allí. Para retomar las altas tasas de crecimiento del pasado, América Latina tiene que aumentar el ahorro interno, la inversión en infraestructura, en energía y capital humano.

Hay que acelerar el traspaso de conocimientos, ideas y tecnologías desde los centros de excelencia en el mundo. Y hay que lograr un desarrollo más equilibrado entre regiones, dentro de sus zonas urbanas, y abriendo más oportunidades a jóvenes y mujeres, particularmente de los sectores de menores ingresos.

Se trata de lograr una nueva articulación social y política que permita acelerar el crecimiento y el empleo, para evitar lo que Lagarde ha llamado “la nueva mediocridad” y que otros hemos llamado la trampa de los países de ingreso medio.

Este es el tema que irá adquiriendo una importancia creciente en Chile y en el resto de América Latina, a medida que la desaceleración económica que ya se observa en la región, impacte a la opinión pública y genere focos crecientes de descontento.

Es lo que ha estado ocurriendo, por lo demás, en la mayoría de los países de la Unión Europea, fortaleciendo inesperadamente movimientos políticos de carácter nacionalistas y populistas.