Columna de opinión, El Mercurio
José Pablo Arellano Marín: “Habrá que estar atentos a las deliberaciones de los constituyentes. No queremos que los jóvenes tengan que aprender el significado de esas tres letras”.
Si Ud. es joven y vive en Chile, tal vez ni siquiera sabe qué quieren decir esas tres letras. En Argentina en cambio durante estos días ha habido marchas y protestas en las calles en contra del Fondo Monetario Internacional (FMI). Las negociaciones y los tira y afloja con el FMI son permanente portada de diarios y primera noticia en la TV. Es que el FMI actúa como prestamista de última instancia para los países que no tienen acceso al crédito y que no logran pagar sus
deudas.
Pues bien, nuestro país fue cliente frecuente del FMI en el siglo XX. Los países latinoamericanos encabezan la lista de los que recurren a ese organismo. Como siempre, un deudor que no puede pagar está afligido, pues las negociaciones y disputas por las exigencias del FMI para otorgar sus préstamos de emergencia y/o salvataje son enormes. No es raro entonces que el FMI aparezca entre las siglas más impopulares de la región.
La última vez que Chile tuvo un programa de préstamos con condiciones y bajo la fiscalización por parte del FMI fue en 1989-91.
En 1992 nuestro país fue calificado como “investment grade”, la categoría que abre acceso a una amplia base de financiamiento privado internacional. Desde entonces mejoramos sostenidamente la clasificación internacional de riesgo. Así entre 2012 y 2017 estuvimos calificados en las categorías de menor riesgo a nivel mundial (AA-). Aunque hemos retrocedido dos escalones, por el deterioro de nuestra situación fiscal, todavía gozamos de una sana clasificación de riesgo a nivel internacional (A), cuatro escalones más arriba del “investment grade”.
Esto les otorga a nuestras inversiones amplio acceso a financiamiento a costos más bajos. Este financiamiento que obtienen el Estado y las empresas es a plazos más largos y, algo muy importante, en nuestra propia moneda: pesos y UF. Sí, pesos chilenos. Era algo impensado en las décadas pasadas el que nos pudiéramos financiar a largo plazo en pesos. Además, el 85% de la deuda de gobierno está a tasa fija. Muy pocos países en desarrollo pueden conseguir esto.
En 1990 la proporción de deuda del gobierno en dólares superaba el 90% del total; actualmente es solo el 20% y todo el resto es en nuestra propia moneda. Así, cuando surgen dificultades y el tipo de cambio se deprecia, los deudores están a resguardo del encarecimiento de su deuda. (Imagine lo que habría pasado el 2021, cuando nuestra moneda se depreció más de 15%.
Esta es una importante ganancia en autonomía y flexibilidad que normalmente no tienen los países en desarrollo y que Chile históricamente no tuvo, por su inestabilidad macroeconómica y su historia de inflación.
Nuestra historia de inflación y crisis económicas tenía como una de sus causas principales el permanente déficit fiscal.
Por ello es tan importante que el Presidente electo y las futuras autoridades económicas declaren su compromiso con restablecer la sostenibilidad fiscal. Esto inevitablemente impondrá limitaciones, pero estará recuperando las bases para asegurar nuestra estabilidad económica y nuestra autonomía. Necesitamos redoblar el consenso de todos los sectores, gobierno y oposición, respecto de su importancia.
Necesitamos ese mismo compromiso con la sostenibilidad fiscal y la estabilidad económica de parte de los convencionales. En la Constitución hay ciertas normas indispensables para lograr este objetivo. Un Banco Central profesional y autónomo, dedicado a controlar la inflación y con prohibición de prestar directamente al fisco. Un poder ejecutivo con control efectivo sobre las finanzas públicas. Se pierde este control cuando los parlamentarios tienen la capacidad de aumentar gastos y otorgar subsidios o modificar impuestos. Se perdería la estabilidad fiscal si las regiones obtienen autonomía para gastar y endeudarse. Se debilita el control fiscal si los tribunales son los que resuelven en qué ya quiénes otorgarles beneficios económicos.
El desorden en las finanzas públicas originado en la indisciplina parlamentaria ya lo experimentamos en Chile durante la mayor parte del siglo XX, una experiencia frecuente de los países latinoamericanos. A ello se suman en varios Estados de nuestra región los permanentes déficits y endeudamiento de los gobiernos regionales que terminan endosando sus problemas al gobierno nacional.
Estamos a tiempo para evitar repetir estas situaciones que en uno y otro país son fuentes de crisis que entre sus muchos costos envuelven la pérdida de autonomía y flexibilidad.
Habrá que estar atentos a las deliberaciones de los constituyentes. No queremos que los jóvenes tengan que aprender el significado de esas tres letras.