La sostenibilidad económica y ambiental en Chile dependen de
la capacidad institucional y de ordenamiento jurídico necesarios
para la gestión pública de los diversos conflictos que surgen en el
desarrollo de sectores basados en la explotación de los recursos
naturales. Dicha solidez está supeditada a la integración y el reconocimiento de las preocupaciones económicas, ambientales y
sociales en la cadena completa de desarrollo.

La política pública inherente al desarrollo sostenible se conoce
como gobernanza de los recursos naturales, esto es, por un lado,
las acciones conjuntas y el ejercicio de autoridad de los distintos
actores del Estado, que se llevan a cabo dentro de un marco
de normas e instituciones vigentes, y por otro, los sectores que
participan directa o indirectamente de una actividad, como la
industria, los trabajadores y las comunidades.

Chile ha implementado una estrategia de desarrollo en torno
a sus ventajas comparativas en materias primas, lo que ha ido
develando diversas carencias tanto en capacidad institucional,
normativa legal, resolución de conflictos con la sociedad civil y
compensaciones, profundizándose la judicialización de los conflictos socioambientales. En efecto el Atlas de Justicia Ambiental ubica a Chile entre los cinco países con mayor cantidad de conflictos socioambientales del mundo.

El anhelo de este artículo es reconocer aspectos socioambientales
y de gobernanza, que por haberlos dejado fuera del análisis económico tradicional, y ante los desafíos actuales asociados a un
país de ingreso mediano con intenciones de dar el salto al desarrollo, no se ha tenido la capacidad de entender cabal y unánimemente su incidencia y relevancia en el crecimiento económico.

Justamente es de capital importancia incorporar esta arista al
análisis económico contingente y a las reformas para impulsar
la inversión y la productividad, promoviendo así la capacidad de
crecer sostenida e inclusivamente.