Durante las últimas semanas el Presupuesto 2014, y por supuesto los recursos de libre disposición que dejará la actual administración al próximo gobierno, han copado el debate de las candidaturas presidenciales. La preocupación ha estado centrada en el gasto social dado que la mayoría de las propuestas presentadas hasta ahora,apuntan hacia allá. Desde La Nueva Mayoría piden mayor responsabilidad fiscal y terminar con el anuncio de proyectos sin financiamiento.

El 4 de septiembre pasado el Banco Central (BC) dio a conocer el Informe de Política Monetaria (Ipom) de septiembre, que recortó las estimaciones de crecimiento para este año, dejándolas en un rango de entre 4% y 4,5%. Sin embargo, las miradas políticas no estaban tan puestas en esa cifra, como sí lo estaban en las proyecciones y el escenario que para 2014 pudiera adelantar el instituto emisor.

Por esa razón, en Avenida Italia 830, Providencia, se dio cita el equipo económico de Michelle Bachelet con su jefe programático, Alberto Arenas, con el principal objetivo de analizar las cifras presentadas por el BC y preparar la estrategia con que enfrentarán la próxima discusión del Presupuesto. De esa revisión de las cifras, surgió una preocupación principal: la trayectoria del gasto social en un escenario menos auspicioso.

Tras esa cita, el enfoque que adoptó la Nueva Mayoría trazó una dirección: exigirán un Fondo de Libre disposición, con la facultad reasignación de al menos un 1,1% del presupuesto fiscal 2014, es decir, en torno a US$700 millones. Esto, con el objetivo de tener cierto grado de flexibilidad para enfrentar los desafíos programáticos del primer año, considerando que existen iniciativas anunciadas por el presidente Sebastián Piñera, como las reformas al seguro de cesantía y sala cuna, que hasta ahora no cuentan con fuentes de financiamiento, agregando una presión muy alta sobre el Fisco.

Las ideas planteadas en esa reunión fueron traspasadas al Comité Estratégico de la Oposición, y transmitidas del lunes recién pasado a los parlamentarios. De ahí se emitió una minuta, titulada “La Previa: debate macro Presupuesto 2014”.

Este documento señala que “en materia de ingresos fiscales futuros es clave reconocer la señal de que se acabó el ciclo del súper precio del cobre y que habrá menos espacio fiscal producto de esto; esperamos que el gobierno actúe con responsabilidad fiscal considerando el alto déficit fiscal que heredara al próximo gobierno y por ello, solicitamos que no siga anunciando malos proyectos de ley con alto gasto fiscal y sin financiamiento sustentable asociado”.

Esta situación de mayor estrechez fiscal futura, indica la minuta, ratifica la convicción que para financiar responsablemente las reformas sociales, “hay que realizar una Reforma Tributaria de verdad”.

Pero esta inquietud no es de propiedad exclusiva de La Nueva Mayoría. Desde la Alianza, la candidata Evelyn Matthei ha anunciado una serie de iniciativas de corte social -como la extensión de la cobertura a salas cuna o el perfeccionamiento de la capacitación- que también apuntan a un diseño de gasto social igualmente dinámico y, por cierto, relevante en el erario.

Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de gasto social?

La delgada línea

Si se observan los últimos presupuestos y más específicamente cuáles son los énfasis de cada administración al momento de “armar” el erario, en los últimos años se ha dado la constante de que el gasto en el área social sea en torno a 2/3 del proyecto, es decir, poco más del 60%. En este ítem aparecen -entre otros- los recursos destinados a salud, educación, vivienda y protección social propiamente tal, que abarca, por ejemplo, las asignaciones para la edad avanzada, familia e hijos y desempleo y vivienda, entre otros, sumado a áreas vinculadas con la protección policial, los tribunales e incluso prisiones.

«Entregar recursos a educación es una medida bien focalizada, pero si vamos al detalle micro y vemos que el gasto en capacitación no está cumpliendo en términos de calidad, también es un problema», Jorge Rodríguez.

En términos de composición relativa de dichas áreas en relación con el gasto total, el “mapa” a lo largo de los años ha tenido algunas modificaciones.

De acuerdo al informe de Evaluación de la Gestión Financiera del Sector Público en 2012 y Actualización de proyecciones para 2013 que entregó la Dirección de Presupuestos (Dipres) en julio, el crecimiento del gasto social acumulado durante el período 2000-2012 alcanza al 113,2%, equivalente a un promedio de 6,6% anual, en tanto que para 2011 fue de 66,8% y el ejercicio pasado de 67,7% de las erogaciones del gobierno central total.

Los mayores incrementos como promedio anual se han dado en educación (7,4%) con una asignación el año pasado de $5.259.924 millones; salud, con un ritmo anual de 9,2% (con $4.867.522 millones en 2012); vivienda con 7,3% (que para el año anterior fue de $400.625 millones) y protección social con un promedio año a año de 4,6%, siendo la última asignación del ejercicio pasado de $8.099.957 millones.
Según la Dipres, en términos de peso relativo del gasto específicamente para 2012, los mayores porcentajes en relación al gasto total se lo llevan por lejos protección social (28,9%); educación (18,8%) y salud (17,4%).

Resulta llamativo que desde 2000 hasta el año pasado, la estructura del gasto en funciones sociales se haya inclinado más a favor de educación y salud, mientras que la protección social propiamente dicha ha bajado en estos 12 años desde 52,8% a 42,7%.

A estos gastos hay que sumar aquellos que tienen un componente social, como son los de orden público y seguridad relacionado con las policías, tribunales y orden público, que tienen un crecimiento promedio de 8,8% anual en los últimos 12 años y un avance de 7,2% en 2012.

Con esta estructura para el componente social, que tiene un alto grado de inercia e inelasticidad por el grado de compromiso presupuestario, vale la pena preguntarse dónde está la línea divisoria entre la necesaria protección social y el riesgo de caer en un asistencialismo que genere dependencia de la población a las transferencias de recursos por parte del Fisco.

Según el economista de Cieplan, Jorge Rodríguez, en Chile se ha construido un sistema de protección social que, en líneas gruesas, si está enfocado en áreas como educación y salud, más la entrega de bonos bien justificados y focalizados, no es asistencialista.

Sin embargo, los riesgos de cruzar la línea son varios.
“Puede haber familias que necesiten transferencias directas, pero éstas deben obedecer a criterios definidos: no se puede dar un bono por la sola voluntad del gobernante, debe haber un buen argumento”, explica Rodríguez. En esa línea, agrega que “también podemos decir que entregar recursos a educación es una medida bien focalizada, pero si vamos al detalle micro y vemos que el gasto en capacitación no está cumpliendo en términos de calidad, también es un problema”, sostiene.
Para el diseño de 2013 y que está en ejecución, se consideran gastos adicionales relevantes: en los US$1.200 millones adicionales que recibió educación este año se considera la rebaja a 2% de la tasa del Crédito con Aval del Estado; $7.000 millones para el pre y pos natal parental; $124.000 millones para cubrir los requerimientos del Ingreso Ético Familiar; y $41.500 millones para la extensión del Programa de Garantías Explícitas en Salud (GES), entre los más relevantes.

Así, cualquier sea el diseño que implemente la administración que ocupe La Moneda desde marzo, deberá tener en cuenta estos compromisos, su cobertura permanente y equilibrar sus propios planteamientos.

Fuente: Pulso