Alejandro Foxley y Pablo Derpich
Las economías de América Latina, en la actualidad, se ven enfrentadas a un freno en su avance hacia economías avanzadas y democracias estables. Los buenos resultados de la década anterior, entre 2003 y 2013, habían despertado nuevamente expectativas positivas: estábamos escapando de la trampa de países de ingreso medio. Como consecuencia, se le hacía creíble a la gente de América Latina que era posible pensar en una estrategia de desarrollo estable y exitosa a futuro, con un sólido crecimiento económico, con menor desigualdad y mayor protección social para los grupos más vulnerables.
Efectivamente, si examinamos con más detalle el período 2003-2013, esta parecía confirmar una visión optimista del futuro: el PIB per cápita de Latinoamérica crecía, en promedio a 2.4% al año, muy superior al promedio de los países OCDE que era cercano al 0.9% anual. Lo anterior permitió que durante este período las economías de América Latina se acercaran, en promedio, a las economías de la OCDE, rompiendo un ciclo histórico de divergencia económica que se había observado en las décadas anteriores. Además, fue un período que permitió a algunas de sus economías mantener un bajo nivel de desempleo y controlar la inflación, lo cual que había sido particularmente difícil para varios países de la región.
Más importante aún, es que la buena década de crecimiento económico que se observó entre 2003 y 2013, permitió una disminución de la pobreza y desigualdad. La pobreza disminuyó de 43% a 25% entre 2003 y 2013 en la región, y la desigualdad de ingresos, medida como el coeficiente de GINI, pasó de 0,564 en 2000 a 0,505 en 2016, lo cual implica una caída cercana al 10%.
América Latina, no estaba pasando por un buen momento, y a pesar de que las proyecciones para el año 2020 no eran positivas para la región, no hubo pronóstico alguno que se le acercara a lo que ocurrió en marzo del 2020 con la propagación del virus COVID-19.
Sin embargo, posterior al año 2013 muchas de las economías de la región iniciaron un proceso de desaceleramiento de la actividad económica, especialmente en las economías más grandes de la región como México, Brasil y Argentina. Algunos países también vivieron diversos episodios de inestabilidad e incertidumbre política derivados, en parte, por el descontento social ante altos niveles de desigualdad social y falta de transparencia institucional, lo cual ha desencadenado en una profunda crisis de representatividad en algunos países de la región. También se ha visto afectado negativamente el gasto social, ante recortes presupuestarios debido al menor crecimiento económico y, en consecuencia, menor recaudación tributaria por parte de los gobiernos.
Es en parte por lo anterior que, América Latina, no estaba pasando por un buen momento, y a pesar de que las proyecciones para el año 2020 no eran positivas para la región, no hubo pronóstico alguno que se le acercara a lo que ocurrió en marzo del 2020 con la propagación del virus COVID-19. De hecho, las consecuencias derivadas de la pandemia han modificado todas las expectativas que se tenían respecto al desarrollo de la región a corto y largo plazo, y se espera que sus efectos pudiesen terminar en una crisis social y económica sin precedentes, generando la mayor contracción económica desde la Gran Depresión (CEPAL, 2020).
Además, numerosos organismos internacionales han determinado que la región se enfrenta a la pandemia en una posición más débil que el resto del mundo. Lo anterior, es debido a que la mayoría de los países presentan tasas de crecimiento muy bajas previo a esta crisis, balances fiscales sumamente deteriorados y altos niveles de deuda pública. A esto se le suma una creciente inestabilidad política y descontento social. Además, en términos del empleo, se observa ya un desempleo en ascenso y altos niveles de informalidad. A esto hay que agregarle que, América Latina, es una región que ha enfrentado históricamente altas tasas de crimen, violencia y, en algunos de sus países, también de corrupción. Estos factores ponen una presión significativa a los gobiernos de América Latina, y pueden condicionar su capacidad de respuesta ante la crisis.
Es importante no perder de vista que, a pesar de que la crisis derivada de esta pandemia será muy nociva para la región, muchos de los factores que frenan su avance a esta nueva etapa son de carácter estructural y previos a la crisis del COVID-19. Este fenómeno que pareciera estar afectando a América Latina en los últimos años, ha sido frecuente en esta y otras regiones del mundo cuyas economías alcanzan un ingreso propio de países de desarrollo intermedio. Estas economías frecuentemente repiten el mismo síndrome: comienzan a caer en lo que se ha llamado “la trampa de los países de ingreso medio”.
En este documento, agrupamos los factores que llevan a la trampa del ingreso medio en cuatro: (i) Desaceleración del crecimiento por incapacidad de lograr mejoras continuas en competitividad y productividad; (ii) Baja calidad de la educación y lenta transferencia de conocimiento e ideas innovadoras; (iii) Excesiva desigualdad y desprotección social; (iv) Incapacidad del sistema institucional para proveer estabilidad, transparencia y buena gestión estatal (Foxley, 2012).
Es importante notar que la actual crisis que vive América Latina por el virus COVID-19 refuerza varios de estos factores y también ha acelerado tendencias que ya estaban en marcha. Después de la pandemia, el mundo habrá cambiado, desde las normas de interacción sociales, hasta los métodos de producción y la forma en cómo vemos al mundo y a nuestros pares. Es por esto que los países de América Latina deberán construir una estrategia de desarrollo coherente con el nuevo contexto mundial.
¿Cuáles son los desafíos para América Latina post-Covid-19?
En este documento discutimos qué enfoques de políticas que se consideran más eficaces para una buena transición económica para los países de América Latina, desde la crisis del coronavirus, hacia un nuevo punto de partida. En el que sea posible instalar una estrategia de desarrollo de largo plazo, que nos lleve a un mayor crecimiento económico estable y sostenible, que esté basado en mayor competitividad, incrementos sostenidos de productividad y en innovación.
Dentro de estos elementos, se considera, en primer lugar, una estrategia que permita una mayor diversificación, integración y cooperación desde la base productiva en la región. Tal como lo hicieron las economías del Este de Asia, donde los actores principales fueron las empresas, nacionales y transnacionales, que han ido integrándose en cadenas de producción en todo el Este de Asia de forma cooperativa y exportando, a partir de allí, sus productos al resto del mundo. Además, se espera que permita el surgimiento de “multilatinas” capaces de competir con las mejores transnacionales europeas, estadounidenses o asiáticas. Y, de igual forma, generar un sistema económico menos vulnerable ante shocks mundiales como el que hoy se sufre.
Después de la pandemia, el mundo habrá cambiado, desde las normas de interacción sociales, hasta los métodos de producción y la forma en cómo vemos al mundo y a nuestros pares. Es por esto que los países de América Latina deberán construir una estrategia de desarrollo coherente con el nuevo contexto mundial.
En segundo lugar, es de vital importancia poner en el centro de la estrategia actividades basadas en innovación que permitan superar el estancamiento de la productividad en la región. La realidad es que América Latina es una región que está muy rezagada en materia de innovación, esto es en parte porque el gasto en I+D como porcentaje del PIB es muy bajo (0,7% del PIB), muy por debajo del promedio de la OCDE que es 2,5% y muy lejos de países que recientemente han salido de la trampa de ingreso medio, como Corea del Sur (4,23%), Singapur (2,22%), Finlandia (2,75%) y, en menor medida, Irlanda (1,2%). Uno de los principales desafíos para superar este obstáculo será lograr reformar el aparato del Estado, con el objetivo de convertirlo en un agente articulador de los actores públicos y privados como los casos más emblemáticos que pudieron salir de la “trampa de ingreso medio”.
En tercer lugar, es de vital importancia mejorar la calidad del Capital Humano en América Latina, reemprendiendo una serie de reformas al sistema educativo. El desafío será avanzar en sistemas educativos menos rígidos, que sean capaces de incentivar las “habilidades para el siglo 21”, es decir, formar profesionales capaces de adaptarse a un entorno cambiante y globalizado. Para esto también se debe tener en consideración los constantes cambios en el Mercado Laboral, sobre todo en un contexto post pandemia, donde Las cifras de desempleo agregado ocultarán el hecho de que la composición del trabajo en América Latina cambiará robustamente posterior a la crisis. Para esto, los gobiernos no sólo deberán tener programas de apoyo a los desempleados, sino que también aquellos que hagan posible una reincorporación de los trabajadores desplazados como consecuencia de la actual pandemia. Para esto deberán generarse programas de capacitación y de apoyo para que cada vez más trabajadores puedan realizar sus labores de forma remota e incorporarse a las nuevas tendencias de tecnologías digitales.
En cuarto lugar, es indispensable realizar una profunda revisión al modelo de provisión de servicios sociales. Se ha observado que la mayor movilidad social que acompaña a la reducción de la pobreza no ha sido acompañada de instrumentos eficaces para atacar la volatilidad de ingresos y la inseguridad económica que la propia movilidad genera. Los elementos centrales de esta propuesta son: (i) Darle una mayor importancia al financiamiento público como un equiparador de oportunidades, incluyendo a la clase media emergente, (ii) poner un techo al financiamiento vía contribuciones de las familias y (iii) llevar adelante una mejor regulación de costos y aranceles por parte de los proveedores privados, sector que ha acumulado excesivas utilidades a pesar de los pocos años en que este sistema ha estado vigente.
La oportunidad de América Latina posterior a la crisis será construir una sociedad más igualitaria y mayor cooperación entre países de la región, también una región más moderna y digitalizada.
Por último, se considera que los países de América Latina deberán poner un especial énfasis en mejorar la calidad de las instituciones y su transparencia. En la práctica, hay áreas completas de la política pública en que las disposiciones legales o reglamentarias no se ejecutan por deficiencias en las instituciones que deben implementarlas, o por un mal diseño de las regulaciones. La calidad de las instituciones, su transparencia, probidad y “accountability” en áreas claves en países de renta media en América Latina, debería ser tema central en una reflexión compartida sobre los desafíos pendientes en la región.
La oportunidad para América Latina es la de salir de esta crisis con un Estado más sólido y moderno, con mayores grados de transparencia, y con un enfoque más estratégico cuando se trata de proveer los servicios sociales a la población, especialmente a los más vulnerables. Los cambios que se vivirán en los próximos años serán en muchos sentidos permanentes, pero se espera que sus efectos negativos sean transitorios. Para esto, es importante que los países actúen con unidad y fuertes liderazgos, aumentando la comunicación de las autoridades con las distintas partes de la sociedad. El objetivo es que las buenas ideas, políticas e instituciones, puedan sobrevivir la crisis. La región deberá tener particularmente cuidado y ser vigilante ante políticas de tono populistas y que parezcan ser más permanentes de los que deberían, como es el caso del proteccionismo y cierres de fronteras. Además, el ascenso de nacionalismos extremos y líderes populistas, se deben evitar a toda costa. La oportunidad de América Latina posterior a la crisis será construir una sociedad más igualitaria y mayor cooperación entre países de la región, también una región más moderna y digitalizada.
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