En Cieplan (Corporación de Estudios para Latinoamérica) aseguran que no hay una sola voz que represente a la institución en torno al debate constitucional, sino que, más bien, «conviven muchas visiones, opiniones y miradas que interpretan distintas posiciones», puntualiza Patricio Meller, director de proyectos del centro de estudios y académico de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. El economista piensa que «independiente de la Constitución que se arme -que no creo que sea la Constitución para los próximos 30 años, sino que el inicio de una trayectoria de modificaciones en el tiempo-, tengo la perspectiva más optimista y auspiciosa para el país, porque el futuro de Chile estará muy vinculado al precio del cobre y a la economía verde, y yo vislumbro un ciclo largo de precios altos para el cobre y de crecimiento».

Meller no cree que el nuevo texto constitucional pondrá en peligro el desarrollo minero o la propiedad de los recursos, «ni que vaya a nacionalizar el cobre o expropiar las compañías minera, porque eso sería marginarse del mundo, renunciar a la globalidad, y desde el punto de vista económico, de frentón sería dejar de crecer». Apuesta, más bien, a una nueva Constitución escrita por gente «racional, criteriosa, con posturas balanceadas y equilibradas, que promuevan un modelo económico más inclusivo, menos individualista y más colaborativo».

Junto con eso, añade, «es importante que la nueva Constitución valore el rol que juega la inversión extranjera, donde en Chile representa el 25% a 30% de la inversión total, y ha sido un factor central en las altas tasas de crecimiento que hemos tenido (…) Tenemos que seguir siendo competetivos para atraerla».

Donde ve riesgos, reconoce, es en consagrar derechos sociales en la nueva Carta Magna. «El dilema es cómo se cumple lo que se promete. Queremos salud de calidad, vivienda de calidad, educación de calidad, pero el problema es qué pasa si el ciudadano considera que el Estado no cumple. ¿Va a demandar al profesor, al colegio, al ministro de Educación?». Es partidario de resguardar esos derechos en las leyes, pues «estas se pueden modificar de acuerdo a las necesidades del país», acota.

El exministro e investigador senior de Cieplan, José Pablo Arellano, explica que dado que la Constitución define las reglas que gobiernan la política, y el funcionamiento del Estado, los deberes y derechos de los ciudadanos, en la elección de los constituyentes «necesitamos personas que sean capaces de dialogar, de reflexionar sobre ventajas y desventajas de las alternativas, y recoger distintos puntos de vista para lograr un texto capaz de darnos reglas apropiadas para enfrentar los variados desafíos que tenemos y los nuevos que surgirán en las próximas décadas».

A su juicio, uno de los mayores riesgos del actual proceso es que el texto que se acuerde sea inadecuado a los desafíos que hoy enfrenta Chile, y que «deje a un grupo de la población con la sensación de desproyección de sus derechos esenciales o que no sea suficiente inclusivo».

En lo económico, tres grandes aspectos le parecen claves a Arellano. «Para desarrollarnos necesitamos evitar las crisis y la inestabilidad económica (…). Si hemos logrado estabilidad macronecómica en los últimos 30 años ha sido gracias a la responsabilidad fiscal que requiere de la iniciativa exclusiva del Ejecutivo en materia de gastos, impuestos, seguridad social y endeudamiento público». También se requiere, añade, un Banco Central profesional y autónomo como el que tenemos.

Plantea que otros requisitos relevantes para el proceso económico y la creación de buenos trabajos son la inversión, innovación y emprendimiento. «Esas son actividades que suponen que las empresas y emprendedores puedan enfrentar riesgos económicos importantes, y para eso necesitan reglas estables e instituciones confiables», indica.

En tercer lugar menciona que la Constitución debe establecer reglas que ayuden a impulsar un Estado moderno, «que regule de manera adecuada la competencia en los mercado, los permisos ambientables, los servicios públicos, etc. La Constitución no debe entrar al detalle en estos temas, pero tiene que dar el marco que favorezca la dictación y aplicación de regulaciones modernas que resguarden el interés general».

La principal medida del éxito del proceso, apunta, será una Constitución que después reciba un apoyo muy amplio en el plebiscito de fines del próximo año, «ojalá tan amplio como el que logró el Apruebo en el plebiscito de octubre pasado. Eso daría gran legitimidad al nuevo texto». Más a largo plazo, añade Arellano, hay otra vara para medir el resultado. «El éxito sería enorme si a fines del 2042, cuando se haga este mismo reportaje con motivo del vigésimo aniversario de una nueva Constitución, se reconozca que el nuevo texto contribuyó a dar gobernabilidad al país y a impulsar su progreso.»